En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros/as de Fedaches la invitación a participar en este relevante encuentro. Como hay dos compañeros en la mesa que se centrarán en la lucha del pueblo mapuche no me referiré, por cuestión de tiempo, a la represión infame que sufren casi a diario estos compañeros y compañeras.

1. Durante sus 17 años, la dictadura de Pinochet vulneró de manera sistemática y cotidiana los derechos humanos, no sólo con prácticas abominables como la tortura de centenares de miles de personas, el exilio, las ejecuciones extrajudiciales o la desaparición forzada de miles de personas. También con la implantación, a partir del viraje de abril de 1975, del modelo neoliberal, que supuso una agresión a los derechos sociales conquistados por el movimiento popular tras un siglo de lucha.

2. La lucha del movimiento de derechos humanos, con su lema “Verdad, Justicia, Memoria”, fue decisiva para la reconstrucción del tejido democrático, para las grandes movilizaciones del periodo 1983-1986 y para la derrota de la dictadura en el plebiscito de 1988.

3. La Transición pactada por la Concertación y el régimen de Pinochet se fundó, entre otros acuerdos tácitos, en la impunidad de los represores de la dictadura. El Informe Rettig tuvo el gran valor de asentar una verdad oficial sobre una parte de los crímenes de la dictadura, pero hasta 1998 todas las causas judiciales se cerraban con la aplicación sistemática de la Ley de Amnistía de 1978. El caso Letelier, por el que Contreras y Espinoza fueron a prisión en 1995, estaba excluido del decreto-ley 2.191.

4. Todo cambió a partir de 1998 por las movilizaciones para impedir que Pinochet se convirtiera en senador vitalicio al abandonar la jefatura del ejército el 11 de marzo de aquel año, la presentación de la primera querella criminal contra el tirano en Chile por parte de la compañera Gladys Marín (secretaria general del Partido Comunista), cuya instrucción recayó –por sorteo- en un juez desconocido de la Corte de Apelaciones de Santiago (Juan Guzmán Tapia), y, sobre todo, por el hito de la detención de Pinochet en Londres aquel inolvidable 16 de octubre.

5. Los 503 días de Pinochet en Londres cambiaron el devenir de Chile:

- Quedó al desnudo el pacto que diseñó la Transición, la persistencia de los “enclaves autoritarios”, la herida abierta de una impunidad lacerante.

- El gobierno de Eduardo Frei, con sus cancilleres Insulza y Juan Gabriel Valdés, no descansó hasta lograr el retorno de Pinochet. En el interior del país, promovió, de acuerdo con las Fuerzas Armadas, la Mesa de Diálogo cuyo objetivo pretendía ser averiguar el paradero de los detenidos desaparecidos, pero que en realidad no fue sino una maniobra más para lograr el retorno de Pinochet de Londres.

- La lucha admirable del movimiento de DDHH y el trabajo de sus abogados empezó a dar sus frutos en 1999, con la reinterpretación de la Ley de Amnistía, que permitió el procesamiento, primero, y en los últimos años ya la condena en firme de decenas de represores.

- En enero de 2001, el juez Guzmán procesó a Pinochet por su responsabilidad en los crímenes de la caravana de la muerte.

- En 2003, con motivo de la conmemoración de los treinta años del golpe de estado, Chile vivió una verdadera primavera de la memoria: por primera vez, millones de chilenos recibían una mirada diferente del periodo de la UP y la dictadura. Es muy interesante analizar cómo interpretó cada sector político la historia reciente de Chile en aquel momento: desde la derecha más ultra, a las Fuerzas Armadas, el Gobierno del presidente Ricardo Lagos y la izquierda.

6. ¿Cuál es la situación actual? Según un reportaje de principios de este mes publicado por el director del semanario chileno El Siglo, Francisco Herreros, a 30 de septiembre de este año había abiertas en los tribunales chilenos 333 causas criminales por 1.101 víctimas de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, con 768 represores sometidos a proceso, de los que 276 ya estaban condenados y 53 de ellos tienen la sentencia ejecutada y están cumpliendo penas de presidio.

Entre esos 768 represores, hay 53 generales o brigadieres del ejército, dos generales de la Fuerza Aérea, seis vicealmirantes o contralmirantes de la Armada o seis generales de Carabineros. Entre los que acumulan más condenas, están algunos de los más siniestros miembros de la DINA: el suboficial Basclay Zapata acumula doce; el brigadier Pedro Espinoza diez, el coronel Miguel Krassnoff, 23; el coronel Marcelo Moren Brito, 25; y el general Manuel Contreras, 37.

7. Este balance no menor (más aún si lo comparamos con casos tan sangrantes como el de España) no es mérito de ninguno de los cuatro gobiernos de la Concertación, sino de la lucha ejemplar del movimiento de derechos humanos y de la izquierda. Ahora bien, sí reconozco que los gobiernos de Lagos y Bachelet han promovido políticas de la memoria en los espacios públicos y así al Parque de la Memoria de Villa Grimaldi (inaugurado ya en 1995) y al Memorial del Cementerio General que se inauguró durante el mandato del presidente Aylwin, se han sumado la apertura de memoriales por todo Chile: Londres 38, José Domingo Cañas, Paine, Copiapó...

Además, el gobierno de Lagos promovió el Informe Valech, que reconoció como víctimas de tortura a más de treinta mil prisioneros políticos (un tema que quedó excluido del Informe Rettig). Y próximamente la presidenta Bachelet abrirá el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Mientras tanto, en España el gobierno socialista ordenó hace pocos meses la demolición de la cárcel de Carabanchel, donde tantos resistentes antifascistas (principalmente, comunistas) penaron años de presidio por su lucha por la libertad.

8. Ante las elecciones presidenciales y parlamentarias del 13 de diciembre, los cuatro candidatos han tenido que definirse ante este asunto.

- El candidato de la derecha, Sebastián Piñera, prometió el 10 de noviembre a más de mil miembros retirados de las Fuerzas Armadas el cierre de los procesos judiciales. Las socorridas frases de “mirar al futuro y no a un pasado que nos dividió” intentan ocultar la apuesta por la impunidad en su discurso.

- El candidato de la Concertación, Eduardo Frei, tiene muy poca credibilidad en este terreno ya que durante su sexenio en La Moneda no recibió jamás a la directiva de la AFDD e intentó perpetuar la impunidad con distintas iniciativas. Amén de sus maniobras insistentes para evitar la extradición a España de Pinochet.

- Tanto el candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami, como el candidato presidencial de la izquierda, el compañero Jorge Arrate, han suscrito el “Compromiso presidencial con los Derechos Humanos” elaborado por la AFDD, que prevé la derogación del decreto-ley de Amnistía o la tipificación legal de la desaparición forzada de personas como crimen contra la humanidad. Y también demandas de carácter político, como la elaboración de una nueva Constitución, la derogación de la Ley Antiterrorista de 1985 y el cese de la represión contra el pueblo mapuche.

- Desde mi punto de vista, el programa presidencial de Jorge Arrate es el más completo en materia de derechos humanos y justicia (también en los otros aspectos, por cierto). Por ejemplo, Arrate es el único candidato que propone la renacionalización completa de la gran minería del cobre, mientras que Marco Enríquez habla incluso de privatizar Codelco.

Por primera vez, la derecha es la favorita para ganar las elecciones presidenciales en Chile. Sería la primera vez que lo logra desde 1958 y la segunda vez que lo logra desde 1932. Si la derecha conquista La Moneda, unirá la Presidencia de la República al gobierno de las principales ciudades (Santiago, Valparaíso, Concepción, Viña del Mar) y, sobre todo, al gran poder económico, financiero y comunicacional. Es cierto que Piñera votó NO en 1988, pero ¿quiénes conformarían su gabinete de ministros y subsecretarios? El núcleo duro de la UDI, sobre todo.

Esto significaría la consolidación del modelo neoliberal, la impunidad en materia de derechos humanos, un giro ultraconservador en la política exterior (frente al positivo balance en este terreno de la presidenta Bachelet) y de ningún modo podrían abordarse reformas democráticas inaplazables como un nuevo Código del Trabajo, la renacionalización del cobre o la elaboración de una nueva Constitución Política.

En esta coyuntura, creo que la izquierda y las fuerzas democráticas de Chile tienen dos grandes desafíos. Para la izquierda, es decisivo romper veinte años de exclusión el próximo 13 de diciembre y que varios diputados comunistas se sienten en el próximo Congreso Nacional. Asimismo, esperamos que en torno a la candidatura del compañero Jorge Arrate pueda forjarse, más allá del 13 de diciembre, un amplio movimiento político y social que pueda constituirse en alternativa al neoliberalismo y que así Chile pueda sumarse a la esperanza que hoy renace en América Latina.

Pero también existe otro reto, planteado por Arrate el lunes en el último debate en televisión mantenido por los cuatro candidatos presidenciales: las fuerzas democráticas tienen que ser capaces de unirse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales no sólo para derrotar a una derecha anclada aún en el pinochetismo. También para que el próximo presidente de Chile (sea Frei, Marco Enríquez o el compañero Jorge Arrate) emprenda reformas inaplazables: nueva Constitución, fin de la criminalización del pueblo mapuche, verdad, justicia y memoria, nuevo Código del Trabajo, renacionalización del cobre, educación y sanidad públicas de calidad…

Esa unidad también deben de forjarla ustedes, los chilenos del exterior, para conquistar, además, su legítimo derecho al voto, cuya aprobación la derecha ha bloqueado una y otra vez.