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Declaración Pública de los Familiares de Nattino,Parada
y Guerrero ante la designación del general (r) de Carabineros Iván Andrusco como
nuevo director general de Gendarmería 

Con dolor y espanto hemos recibido la noticia de la designación efectuada por el Presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, del general (r) de Carabineros Iván Andrusco, como nuevo director general de Gendarmería. Tal nombramiento nos golpea en nuestra dignidad, toda vez que Andrusco formó parte del Alto Mando de la disuelta Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) al momento en que fueron asesinados nuestros familiares por agentes de tal organismo del Estado. 
 
Nos hiere y ofende la designación de Andrusco, pues este nombramiento ocurre cuando se sabe que encontrándose el país bajo la vigencia del estado de sitio el 28 de marzo de 1985 fue secuestrado en la vía pública Santiago Nattino Allende por agentes de la Dicomcar. Al día siguiente, a tempranas horas de la mañana fue secuestrado a las puertas del Colegio Latinoamericano de Integración, José Manuel Parada Maluenda, quien se desempeñaba como Jefe del Departamento de Análisis la Vicaría de la Solidaridad, y Manuel Guerrero Ceballos, profesor e inspector del colegio, dirigente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (Agech).   
 
En los dos operativos los secuestradores actuaron con gran disponibilidad de medios facilitados por la Dicomcar. En el caso de Santiago Nattino señalaron a viva voz que eran policías y que detenían a la víctima por problemas económicos. En el otro secuestro se utilizó un helicóptero de Carabineros y desvíos de tránsito en el sector. Esta acción fue cruenta porque además de ocurrir a plena luz del día y ante los escolares, se le disparó a quemarropa a Leopoldo Muñoz de la Parra, profesor del colegio que intentó impedir el hecho. 
 
En forma previa, se sucedieron los secuestros también perpetrados por agentes de la Dicomcar del egresado de arquitectura Ramón Arriagada, a quien se le interrogó sobre las actividades de nuestros familiares. También el operativo realizado la noche del 28 de marzo a la sede de la Agech ubicada en calle Londres 75 de la capital. De ese lugar fueron raptados a la fuerza varios profesores, quienes estuvieron privados de libertad hasta el día 29, siendo su lugar de detención ilegal el cuartel de la Dicomcar, ubicado en calle Dieciocho, el mismo que años atrás fuera usado por el organismo represor clandestino Comando Conjunto, bajo el nombre de "La Firma", desde donde desaparecieron muchos chilenos y chilenas.    
 
Pese a las intensas actividades desplegadas para dar con vida a nuestros familiares, no se tuvo noticia alguna de ellos hasta el 30 de marzo de 1985, cuando fueron encontrados sus cuerpos con marcas de tortura, extraídas sus uñas, quemados con cigarrillos sus orejas, con huesos quebrados, degollados y desangrados en el camino que une Quilicura con el Aeropuerto de Pudahuel, donde hoy se levanta el Memorial de las Tres Sillas, que recuerda este crimen que conmocionó a todo el pueblo de Chile y al mundo. 
 
Quienes realizaron el crimen eran miembros de la Dicomcar, organismo del cual Andrusco era uno de sus miembros activos y con cargos de responsabilidad el mismo año en que ocurrieron los hechos. El sitio donde mantuvieron secuestrados y torturaron a nuestros familiares fue la sede de la Dicomcar, lugar donde Andrusco trabajaba a diario. En el proceso llevado adelante por la justicia Andrusco fue incriminado por sus colegas como encubridor y que sabía de los hechos, mientras se omitía dar información a la justicia a pesar de los requerimientos del juez José Cánovas y luego Milton Juica. Varios de los colegas y subordinados de Andrusco en la Dicomcar cumplen hoy condena en el penal de Punta Peuco por el triple secuestro y degollamiento. 
 
Como familiares de Nattino, Parada y Guerrero exigimos respeto a nuestros muertos y a la sociedad chilena toda, cuya democracia debe basarse en el respeto, fomento y goce de los derechos humanos.  
 
Demandamos al Gobierno la inmediata destitución de Iván Andrusco del cargo al cual ha sido designado, por su pasado vinculado al Alto Mando de la Dicomcar, organismo responsable de la muerte de nuestros familiares. Nos parece inadmisible que una persona con estos antecedentes tenga la responsabilidad del orden, seguridad, cumplimiento de condenas en las prisiones y el resguardo de los Tribunales de Justicia. Cuestionamos además que pueda actuar en forma imparcial especialmente en el caso de sus ex colegas que están presos en Punta Peuco condenados por crímenes de lesa humanidad. 
 
Llamamos a la sociedad chilena a perseverar en la larga lucha por más Verdad y Justicia en todos los casos de violaciones a los derechos humanos perpetrados por agentes del Estado durante la dictadura militar. Por nuestros vivos y nuestros muertos, los conminamos a no olvidar, a informarse y actuar para que la democracia esté a la altura del sacrificio de tantos y tantas. 
 
Familiares de José Manuel Parada, Manuel Guerrero Ceballos y Santiago Nattino. 
 
Estela Ortiz, Javiera Parada, Juan José Parada, Antonio Parada, Camilo Parada; Owana Madera, Manuel Guerrero Antequera, Manuela Guerrero Madera, América Guerrero Antequera, Victoria Guerrero Ceballos, Francisco Guerrero Ceballos, Juana Guerrero Ceballos, Verónica Antequera Vergara; Familia Nattino Reyes; Leopoldo Muñoz de la Parra. 
 
Santiago, 8 de abril, 2010.

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Gobierno respaldó  a general (r) Iván Andrusco

El Mostrador - 7 de Abril de 2010

El ex carabinero declaró, como inculpado, en dos oportunidades, ante el ministro Milton Juica. Sus ex colegas aseguran que era uno de los principales asesores del entonces jefe de dicho servicio de inteligencia, el coronel Luis Fontaine, según revelan los documentos del proceso que publica El Mostrador. Organismos de derechos humanos temen que beneficie a sus ex colegas, condenados en Punta Peuco. El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, lo descartó, de plano. 

El recién nombrado director de Gendarmería, general (r) de Carabineros Iván Andrusco, fue cuestionado ayer por organizaciones de derechos humanos y por el diputado del Partido Comunista (PC) Hugo Gutiérrez, debido a su paso por la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR). De este organismo de inteligencia policial eran los agentes que, en 1985, secuestraron a los profesores Santiago Natino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, quienes, luego, fueron degollados y abandonados en las cercanías del aeropuerto. 

Este proceso lo sustanció, a principios de los 80, el ministro José Cánovas Robles y, a fines de la misma década, continuó la labor su colega, de la Corte de Apelaciones de Santiago, Milton Juica (hoy titular de la Suprema), quien interrogó a Iván Andrusco, en calidad de inculpado, en dos oportunidades. 

Básicamente, Juica mantenía sospechas sobre este ex oficial de la policía uniformada porque, junto con pertenecer a la DICOMCAR, su versión de qué hizo el día del secuestro de los tres militantes del PC –el 29 de marzo de 1985– era poco creíble, tomando en consideración la experiencia de los agentes de inteligencia para difuminar su participación en hechos de este tipo. 

Según Andrusco, aquel día 28 de marzo tuvo un turno de 24 horas, por lo que la mañana siguiente estaba saliente de servicio, lo que implicaba que, en la práctica, estaba descansando en su casa. 

Los testimonios de Andrusco se produjeron ante Juica, en dos oportunidades. La primera fue el 6 de octubre de 1992 y, luego, el 1 de abril de 1993, respectivamente (ver documentos anexos).  

En ambos, el oficial negó su participación en los hechos, argumentando que siempre trabajó como escolta, funciones que cumplía por órdenes del entonces jefe de la DICOMCAR, el coronel Luis Fontaine. Este último fue asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el 10 de mayo de 1990. 

De hecho, en su segunda “indagatoria”, Andrusco es inquirido –por Juica– debido a la imputación hecha en su contra por el coronel Guillermo González Betancourt, respecto a que dejó en libertad a Ramón Arriagada, un egresado de Arquitectura detenido en febrero de 1985, a quien, precisamente, se le interrogó por las actividades de Natino y Parada. Andrusco rechazó los dichos de su superior y los relacionó a problemas de envidia, ya que al trabajar como escolta de personas importantes, dijo, gozaba de ciertos privilegios. El coronel en cuestión fue condenado, por Juica, a presidio perpetuo. 

En otra foja del expediente, del 7 de enero de 1985, Miguel Sandoval Martínez, funcionario de la DICOMCAR, relató que, dentro del organigrama interno, el coronel Julio Michea era “asesorado” por un grupo de oficiales, entre los cuales estaba Andrusco, quien tenía el grado de teniente (ver documento anexo Miguel Sandoval). La versión fue confirmada por el propio Michea, el mismo año (ver declaración adjunta). 

Michea fue condenado por el ministro Milton Juica a cinco años y un día, por secuestro y asociación ilícita. 

En julio de 1991, Juica interroga al entonces cabo primero Daniel Valderrama Satt (ver declaración anexa), quien aseguró que, después de cometido el crimen, Fontaine realizaba muchas reuniones relativas a cómo se iban desarrollando los hechos. En ellas participaba Andrusco, como también el capitán Patricio Zamora, el capitán Manuel Muñoz Gamboa, el coronel Guillermo González Betancourt, los cabos Luis Jofré, Ramón Valenzuela, Claudio Salazar y el propio Michea. Todos los anteriores fueron condenados por Juica, menos Andrusco. 

Por último, en el expediente también está la declaración de Elsa Esquivel Rojo (ver declaración anexa), quien aseguró –ante Juica– que fue detenida junto a su hijo, Carlos González Esquivel. Esto lo hizo, según la mujer, el entonces teniente Andrusco, en el marco de las diligencias que realizaban para dar con el paradero de los atacantes a la Tenencia Santa Adriana, ocurrida a fines de 1984. 

Esta declaración, tomada por Juica, buscaba establecer si Andrusco realizaba, o no, actividades operativas y no sólo de escolta. 

El “caso degollados” fue uno de los episodios más complejos para la Dictadura, ya que a cuatro meses de iniciada la investigación de Cánovas Robles, el entonces director general de Carabineros, César Mendoza Durán, renunció al cargo –el 2 de agosto de 1985–, dejando claro que los agentes de su institución habían participado en el crimen. En todo caso el gobierno de la época calificó su salida como un acto de “generoso patriotismo”.  

Postura lineal  

Pese a lo anterior, Andrusco, ayer, fue confirmado y respaldado por La Moneda. La secretaria general de Gobierno, Ena Von Baer, manifestó que la administración “ha mostrado con hechos, el gobierno del presidente Sebastián Piñera tiene un compromiso profundo con los derechos humanos”, señaló. 

Von Baer recordó que “el señor Andrusco es una persona que fue promovida en sus cargos durante los gobiernos de la Presidenta Bachelet y, también, durante el gobierno del Presidente Lagos” y agregó que “no existe, en este momento, ningún antecedente y no está comprometido en ninguna causa”. 

En la misma línea habló el ministro de Justicia, Felipe Bulnes. Este dijo que Andrusco “nunca ha sido procesado en causas de derechos humanos, no tiene ninguna causa pendiente de este tipo y de ningún otro… También, fue elegido en 2004 para integrar  la delegación chilena que expuso sobre la situación de derechos humanos en el País ante la Comisión de Derechos Humanos, en Ginebra”. 

Y recalcó que “la misma confianza que tuvieron los gobiernos anteriores, para confirmarlo y promoverlo, es la confianza que tenemos nosotros, también, hoy día, para designarlo en Gendarmería. No hay nuevos antecedentes, son los mismos antecedentes con los cuales nosotros resolvimos”.  

Los ‘ex’ colegas 

Uno de los temas que preocupa a los organismos de derechos humanos es que, para las materias relativas a los beneficios carcelarios de los carabineros condenados por el caso degollados –es decir, sus ex colegas– y que cumplen la pena en Punta Peuco, se produce una inhabilidad, de facto. 

Al respecto, Bulnes explicó, ayer, que dichos procedimientos “se evalúan según protocolos establecidos en cada unidad penal, por un reglamento interno de Gendarmería, los que son estudiados por un consejo técnico, que resuelve caso a caso y no dependen de una decisión del director nacional”. 

Sin embargo, fuentes de Gendarmería explicaron que los dichos de Bulnes chocan, de pronto, con la realidad de cómo se manejan las cosas. 

Por ejemplo, el consejo técnico citado por el secretario de Estado para el caso de Punta Peuco, no es de carácter permanente, es decir, se arma para la ocasión. La decisión de este grupo de profesionales no es vinculante y quien tiene la facultad privativa es el jefe del penal.  

Este último, en la formalidad de la ley, es independiente, pero las mismas fuentes señalan que hay un código –no escrito– y siempre se consulta con el director nacional y este con el Ministerio de Justicia. 

La decisión de Gendarmería respecto a los que tienen derecho a beneficios, va en consulta ante la comisión de libertades provisionales, que conforman jueces y ministros del Poder Judicial a fines de año, quienes valoran los antecedentes, caso a caso. Posteriormente, los elegidos son evaluados por el SEREMI de Justicia y sólo entonces pueden acceder a los beneficios. 

Para el caso puntual de los condenados por el “caso degollados”, hay varios de ellos que cumplen con los requisitos –ya que están a punto de completar los 20 años de una condena a presidio perpetuo– para solicitar los beneficios, debido a que se les aplica la legislación antigua. Entre estos casos se encuentra el de Miguel Estay Reino, el ‘Fanta’, entre otros. 

Desde este punto de vista, las agrupaciones de derechos humanos y el propio Hugo Gutiérrez sostuvieron que existe una sombra de duda sobre el posible actuar de Andrusco y, por cierto, un problema de imagen pública.

Conciencia limpia 

Andrusco, también, se refirió  a los cuestionamientos hechos por el parlamentario, durante una visita que realizó al Penal El Manzano, de Concepción, que se vio afectado por el terremoto. “Estoy absolutamente tranquilo. La seguridad de que no he hecho absolutamente nada; mi vida privada y mi trayectoria profesional han sido absolutamente transparentes; por lo tanto, en ese sentido, no tengo nada que ocultar. Durante toda mi trayectoria he cumplido numerosas funciones operativas, y nunca he estado involucrado en un proceso”. 

Reconoció que “en su oportunidad fui citado a prestar declaraciones, como todo el personal que fue citado de declarar. Yo fui nombrado general de la República durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos y, en esa oportunidad, se hicieron todos los chequeos correspondientes para aprobar mi designación. Posteriormente, trabajé como general, en esta zona, en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet; por lo tanto, yo creo que, a esta altura, no tengo que dar ninguna demostración, ni ninguna prueba de idoneidad”.